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La nueva oleada de fusiones entre entidades bancarias está a la vuelta de la esquina: el Ministerio de Economía y Competencia trabaja a destajo para definir las líneas maestras de la reforma financiera que el Gobierno tiene intención de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

El objetivo principal de esta reforma es obligar a la banca española a sanear sus balances sin que eso suponga un gran varapalo para las arcas públicas del Estado, que exige provisionar el 80% el suelo y algunas promociones inmobiliarias (60% con cargo a beneficios y 20% a capital) y dotar una provisión genérica del 7% para creditos no dudosos a promotores.

Para proceder con las fusiones bancarias, el Gobierno ofrecerá dos posibles vías para definir las uniones entre entidades financieras.

La primera de ellas es la ampliación del plazo para hacer dotaciones a aquellos bancos que opten a una fusión, siendo de un año para realizar las provisiones contra pérdidas del ladrillo y de dos años para los grupos fusionados.

Y la segunda es que los grupos consolidados recurran a ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB 1), que comprará acciones preferentes que, una vez puedan considerarse capital, las entidades podrán usar para hacer las provisiones exigidas por el Gobierno.