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En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y miembro del Consejo de Administración de CAM, José Enrique Garrigós, ha manifestado que "se han cambiado los puntos del primer protocolo que no convenían ni a los intereses de Alicante ni a la trayectoria financiera de esta provincia".

Fuentes de la CAM, que no han apuntado ni precisado estos aspectos, han afirmado que CAM ha alcanzado este acuerdo tras valorar las ventajas que la constitución de uno de los grupos de cajas de ahorros con "mayor fortaleza y proyección" de España supondrá para clientes, empleados y para la sociedad en general. La propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres entidades financieras fue incorporada hace unos días en el orden del día de la reunión ordinaria del Consejo Administración de hoy en la que se han tratado otros temas económicos.

CAM comunicó el pasado 15 de julio aceptar el citado Contrato de Integración en un SIP "excepto en lo que se refiere a la delegación de las facultades en el consejero delegado". Según el protocolo aprobado por el Banco de España el pasado 29 de junio, el presidente de Cajastur ostentaría este cargo por un período de seis años, prorrogable automáticamente por otros seis si no hay un acuerdo entre los miembros del consejo de administración. Además, el consejero delegado tendría las facultades de nombrar a los dos directores generales y determinar las funciones que tienen que desarrollar; un poder que buena parte de los consejeros de la entidad alicantina, que preside Modesto Crespo, rechazaron en la reunión del pasado 15 de julio. Un día después, el Banco de España instó a la entidad alicantina y a Cajastur a resolver las diferencias en todos sus términos, incluido lo relativo a la delegación de las facultades en el consejero delegado. La integración de las cuatro entidades dará lugar a la creación del tercer grupo de cajas y al quinto grupo financiero del país, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros. Cada caja mantendrá su personalidad jurídica, su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, poniendo en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios, con la puesta en común del cien por cien de los beneficios y de sus recursos propios.